Unidad Popular, el partido que engloba a Izquierda Unida y que presenta a Alberto Garzón como candidato a la presidencia, es una de las formaciones con un programa cultural más desarrollado, bajo la premisa de que «la cultura es un derecho democrático inherente al ser humano y a la sociedad». Entre sus promesas electorales para el 20 de diciembre, se recoge un apartado específico sobre música.
LEY DE MÚSICA
A nivel general, se comprometen a realizar un estudio a corto, medio y largo plazo con todos los agentes que hacen posible el hecho cultural en «un Estado plurinacional». En el ámbito musical, esto se traduciría en la elaboración de una Ley de la música en estrecha colaboración con los creadores, artistas y demás implicados en el sector. No ofrence muchos más detalles sobre cuál sería el objetivo de esa ley.
Además, se implicarían en el fomento de la educación artística desde la enseñanza primaria. Especialmente importante para el ámbito de la música en vivo es su promesa de generar «más circuitos estatales, autonómicos y municipales para el desarrollo de la música en directo, entre ellos una Red Estatal de Auditorios».
BAJADA AL IVA SUPERREDUCIDO
Marga Ferré, secretaria ejecutiva de Elaboración de Política y Programas de IU, ya avanzó ante los medios que la bajada del impuesto al 4 % sería la «primera medida» de su partido.
FINANCIACIÓN/LEY DE MECENAZGO
Aunque Unidad Popular se mantiene escéptico sobre la idoneidad de que sea el ámbito privado el que ayude a sostener la cultura, por la dependencia que eso genera, en su programa llevan también el compromiso de desarrollar una Ley de Mecenazgo y una nueva Ley de Fundaciones, que equiparen las obligaciones de las fundaciones privadas que reciban fondos públicos con las instituciones culturales públicas, independizando la dirección artística de los intereses económicos del patronato.
Quizás para contrarrestar esa mayor presencia de lo privado, afirman que aumentarán la inversión pública en el sector económico cultural «hasta equipararnos con los países de nuestro entorno, como Francia, teniendo en cuenta que la inversión en Cultura se multiplica por tres en relación al PIB, creando nuevos puestos de trabajo y aumentando la recaudación impositiva».
REGULACIÓN DEL SECTOR
Unidad Popular es probablemente el partido que más ayuda a desarrollar uno de los caballos de batalla históricos de la Asociación de Promotores Musicales, el del intrusismo y la necesaria regulación del sector. A eso ayudará su promesa de reforma urgente de las exigencias normativas y de licencias que rigen para los espectáculos de acceso público. «Hay que diferenciar las exigencias en función del aforo, sin penalizar las propuestas más pequeñas en tamaño que proporcionan diversidad cultural, siempre conservando la seguridad de los espectadores», señalan.
Además, en la formación musical (no detallan si se refieren únicamente al ámbito puramente interpretativo o también al empresarial), centran su atención en impulsar titulaciones homologadas, primando la formación reglada y definiendo claramente las enseñanzas superiores, sin olviar las cualificaciones y los títulos previos profesionales ya existentes. También hablan de becas públicas para completar la formación musical en escuelas complementarias y de prestigio fuera de España.
Importante para el ámbito de la música en directo es su compromiso «al reciclaje y adaptación a las nuevas condiciones de mercado (producción, márketing, promoción…), apoyándose en el uso de las nuevas tenoclogías».
A la regulación del sector ayudará igualmente su Estatuto de los trabajadores de la Cultura, tanto en el terreno fiscal, como en el de la representación sindical y laboral «para acabar con la precariedad en la que tienen que ejercer su oficio los trabajadores de la Cultura españoles y las empresas promotoras de eventos». Así, se reconocerá su temporalidad, su inestabilidad (desplazamientos continuos por giras), preparación (períodos necesarios en los que no hay beneficio directo) y formación. En este sentido, se incluye el compromiso al «pago inmediato» de todas las administraciones a los artistas y empresas promotoras por los trabajos contratados y realizados, eliminando los retrasos.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Proponen la aprobación de una nueva Ley de Propiedad Intelectual, en consenso con todos los sectores profesionales implicados y/o las sociedades de gestión representantes de sus derechos, derogando la actual Ley 21/2014, conocida como Ley Lasalle, especialmente el canon AEDE. También apuestan por la reforma de la Ley de Derechos de Autor, recogiendo el derecho del mismo a elegir el modelo de registro de su obra entre otras modalidades como el Copyleft, Creative Commons…
Marga Ferré defendió en su día además la necesaria revisión de las sociedades de gestión de derechos colectivos «como la SGAE» para asegurar su transparencia y el control de sus asociados.
