Artículo del periodista Gerard de Josep publicado originalmente en el Anuario de la Música en Vivo 2017. Fotografía: Juanlu Vela
Ya venía cociéndose desde hace tiempo, pero en Italia cayó la gota que colmó el vaso. Sucedió así: salen a la venta las entradas para los dos conciertos de Coldplay previstos para julio de 2017 en Milán. En un respiro, se agotan todos los tickets.
En cuestión de minutos, se pueden encontrar en reventa: algunos que valían 50 euros han multiplicado su valor hasta los 1.000. Hasta aquí, aunque sea grave, el terreno es conocido. Ya había sucedido antes. La polémica se desata cuando Roberto De Luca, responsable de Live Nation Italia, reconoce en un programa de televisión que su empresa desvía entradas al mercado secundario y, a cambio, se queda con el 90% del recargo. Es un escenario posible porque Live Nation y Ticketmaster forman parte del mismo conglomerado internacional al que pertenece Seatwave, una de las plataformas de venta secundaria. Se formaliza así una sospecha que venía de lejos.
La cuestión llega inmediatamente a las autoridades del país. El ministro de Cultura italiano tilda la práctica de “fenómeno intolerable” y la policía inicia una investigación por supuesto fraude. Se ha ido demasiado lejos. A partir de ese momento empieza a ser verdaderamente difícil mirar para otro lado. En Inglaterra, sin ir más lejos, el debate ha llegado también a las más altas esferas políticas y cada vez hay más voces que apuestan por regular mediante leyes esta actividad. Una posición, la de la regulación, compartida por varias asociaciones de promotores musicales europeos. Entre ellas, la propia APM. “La reventa especulativa no es una opción, y la única vía razonable es hacer leyes claras y simples que lo regulen. No es difícil escribirlas, ni aplicarlas y hacerlas cumplir. Estoy seguro de que existe sensibilidad desde el gobierno y de que nos encontraremos a las instituciones de cara a la hora de legislar o dar una solución al problema”, asegura Pascual Egea, su presidente hasta marzo de 2017.
En el Reino Unido, por ejemplo, una de las propuestas que se han puesto sobre la mesa y que puede tener más recorrido es la prohibición de los robots informáticos, un software que detecta cuando se abre una venta y, saltándose todos los filtros (gracias a los avances tecnológicos), consigue hacer compras de entradas masivas y rápidas para luego subirlas al mercado secundario. Ante eso, un dedo pulsando F5 es David contra Goliat. En España, Doctor Music ha sido una de las promotoras que más pronto y con más energía ha tomado cartas en el asunto, denunciando hasta ocho plataformas del mercado secundario: Seatwave, Tengoentradas, Ticketbis, Viagogo, entradas365, Ticketnetwork, Ticketliquidator y Worldticketshop. La promotora había pasado por situaciones como las de Coldplay en conciertos como los de Bruce Springsteen, Adele y Red Hot Chili Peppers. ¿Pero en España se trata también de desviaciones directas?
Todo el mundo quiere creer que no es así. Tanto Roberto Grima, presidente de Live Nation España, como Eugeni Casamiglia, CEO de Ticketmaster España, han recordado en varias ocasiones que lo tienen prohibido. Y Neo Sala, director de Doctor Music, la promotora que ha solicitado en varias ocasiones a la ticketera que se desvincule de Seatwave, ha considerado que podría tratarse de decisiones que dependen de instancias superiores, a nivel internacional.
“Este negocio se hizo para que, con el esfuerzo de un promotor, la gente se divirtiera, y somos nosotros los que vendemos las entradas al público, los que tenemos que hacer frente a todos los gastos, para que ahora venga alguien a enriquecerse del esfuerzo que hacemos”, dice Íñigo Argomániz, director de la promotora Get In. En cualquier caso queda claro que, por ahora y con el vacío legal existente (la regulación que prohíbe la reventa de entradas es del 82, mucho antes de que existiera el ecommerce), el mercado secundario es un negocio rentable. Ticketbis es uno de esos portales. Nacido en España como startup, la empresa ha pasado de facturar 5 millones de euros en 2011 a ser adquirida por StubHub, la web de venta de entradas más importante de Estados Unidos, propiedad de eBay, e ingresar 84 millones de euros en 2015, según explican en su propia web.
Así, con motivo de la nueva gira de U2 para este 2017 y con la voluntad de hacer frente a lo que puede considerarse una de las peores amenazas para al sector, Doctor Music, Live Nation y Ticketmaster han puesto en marcha un sistema de venta con entradas nominales. Para poder acceder al recinto el día del show, hay que presentarse con la persona cuyo nombre aparece en la entrada y debe identificarse mediante DNI o pasaporte. De hecho, es la misma conclusión que verbalizó en enero Claudio Trotta, de la promotora Barley Arts, en la primera conferencia de la industria musical específicamente contra el mercado secundario. Se celebró, justamente, en Milán. Pero el problema no acaba aquí. Entre otras cosas, estas plataformas compran palabras clave en motores de búsqueda y consiguen aparecer entre los primeros resultados. Lo que sucede, en ocasiones, es que los consumidores ni siquiera saben que están pagando más de lo que deben en un canal de venta no oficial. Por eso el mercado secundario se ha abierto otro frente: el de los consumidores.
El espectador, perjudicado
La OCU llega a afirmar que hay compradores que no han recibido nunca la entrada o que al llegar al recinto se les ha denegado el acceso. FACUA acusa directamente a Ticketmaster de haber revendido “entradas en su propia web al triple de su precio original”, en referencia al concierto de abril de Bruno Mars. Y la agencia irlandesa de protección del consumidor ha afirmado que investigará los lugares, promotores y ticketeras presuntamente implicados en violar la ley de competencia, justamente después de que la reventa se acentuara con la nueva gira del grupo irlandés U2.
En 2015, Bàrbara fue una de las afortunadas que consiguió entradas para uno de los cuatro conciertos de los de Bono en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Iba a ir con un amigo y pagó 145 euros por cada una. Lamentablemente, al acercarse la fecha su amigo cayó enfermo. Todo indicaba que no podría acompañarla y, para no perder dinero, ofreció ese ticket a otros amigos. A algunos no les interesó, a otros no les iba bien y unos cuantos no podían pagarlo. El promotor no le ofrecía la posibilidad de devolver la entrada y Bàrbara descubrió a Ticketbis. Subió sus entradas al mismo precio que las había comprado y prácticamente se olvidó. A unas dos semanas de la cita, Ticketbis le envió un correo: la plataforma había encontrado a un comprador dispuesto a pagar 195,14 euros. Nadie comprobó la autenticidad de la entrada.
La diferencia de precio con el que había fijado Bàrbara, según se indicaba en el mensaje, correspondía a “impuestos aplicables, gastos de envío, comisión de venta (12%) y comisión de compra”. Ella aceptó e inmediatamente empezó a recibir presión por enviar sus entradas. Al día siguiente su amigo le hizo saber que finalmente podría acompañarla. Contentísima con la noticia, quiso anular la operación. Intentó hablar con alguien de la empresa para explicarle lo que había pasado y solo logró interactuar en un chat virtual con alguien que le prometió que se pondrían en contacto con ella. No lo hicieron. Lo siguiente fue un aviso que sonaba a amenaza: si no enviaba sus entradas, le cargarían una penalización de 50 euros.
“En el portal había muchas otras entradas de U2 y no entendí por qué no le ofrecían otra a la persona interesada. Además, en ningún momento se me avisó de que existía esa penalización”, se queja hoy. El mercado está lejos de autorregularse, aunque hay horizontes razonables. El músico británico Ed Sheeran, por ejemplo, ha puesto a la venta las entradas de su gira inglesa (en abril, en España) en la plataforma Twickets, que “promueve la reventa ética”, según ha explicado el mismo artista en un comunicado. Así, se “permite a los seguidores intercambiar entradas con el valor fijado o incluso menos. Lo hemos convertido en nuestra página de reventa oficial”.
“Creo que esta vez debate ha llegado al público en general, y creo que hay que cortar el problema de plano. Obligar a ir siempre con el DNI es una solución lógica, pero que acaba yendo en perjuicio de la gente. Queremos poner facilidades y no hacerlo difícil. Regulemos esto y cumplamos con la ley”, zanja Argomániz.
