Sobre la gestión territorial de la cultura giró el X Foro de Industrias Culturales, celebrado el jueves pasado en el Congreso de los Diputados. Se trata de una sesión que organizan cada año, desde 2009, la Fundación Alternativas y la Fundación Santillana. El objetivo es que los profesionales del sector intercambien información.
Fundación Alternativas, El País y El Cultural se hicieron eco del acto, que se puede recuperar entero en Periscope.
En esta ocasión, se partía de la idea de que el sistema cultural español es característico por ser descentralizado, con unas comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales con competencias precisas. Pero eso no parece ser suficiente, ya que los productos culturales se concentran sobre todo en Madrid y Cataluña.
En el campo de la música en vivo, por ejemplo, solo hay que mirar los datos de recaudación. Según el IX Anuario de la Música en Vivo de la Asociación de Promotores Musicales, Barcelona se lleva el 22,43% de la facturación total del sector, con 60 millones de euros; mientras que Madrid, con 49 millones, supone el 18,09%. Ambos están muy por encima de la provincia que les sigue, Sevilla, que supone el 3,79% del total.
Por eso, para abordar posibles mejoras, el programa se dividió en dos mesas de debate: una primera con la participación de especialistas en modelos de políticas culturales nacionales, con invitados de Canadá y Alemania; y una segunda con diputados de los principales partidos de la Comisión de Cultura del Congreso.
La canadiense y especialista en políticas culturales Alexandre Couture Gagnon, destacó el carácter «independiente de la política cultural de Canadá», donde la cultura está liderada por las provincias desde su diversidad cultural particular. En el caso de Quebec, por ejemplo, detalló que se trata de un sistema cultural «muy identificado con la identidad nacional y la lengua francesa».
Por su parte, el alemán Mario Kölling, profesor de Ciencias Políticas en la UNED, subrayó que el modelo cultural germano se asume en un marco de cooperación entre el Gobierno federal, los estados y las administraciones locales.
Es decir, la República federal centraliza la política cultural con el objetivo de tener «los mismos puntos de vista para responder a intereses comunes». Para ello, las constituciones de los dieciséis estados contemplan la protección y promoción de la cultura, y desde la reunificación de 1990 el presupuesto ha ido en aumento.
La española Patricia Gabeiras, doctora en Derecho de la Cultura, defendió el modelo español «desde el optimismo y sin complejos». La experta recordó que la España constitucional ya nació descentralizada y que se basa en “un sistema cultural que va más allá de un reparto competencial entre territorios y gestión de patrimonio”.
En cambio, Lluís Bonet, director de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, recalcó que para él el modelo está «bastante anquilosado y antiguo» y es «asimétrico», ya que los sentimientos y sensibilidades son distintos en cada región.
«España es un país con una enorme diversidad cultural y lingüística, por lo que cuesta encajar en un único esquema, con una sociedad cada vez más compleja», añadió Bonet. En su opinión, existe «autonomía política» en materia de gastos, pero escasa «cooperación» entre instituciones.
El fracaso de la Marca España
En la segunda mesa, entre los diputados de la Comisión de Cultura del Congreso, hubo opiniones dispares. Pero todos coincidieron con Bonet en que, aunque España está culturalmente descentralizada, hay una escasa cooperación entre instituciones.
Eduardo Maura (Grupo Unidos Podemos-ECP-EM), además, afirmó categóricamente que “la marca España ha sido un fracaso». Y aseguró: «Dinamarca y Noruega nos han adelantado en proyectos culturales en América Latina».
El diputado reconoció que esta afirmación no estaba basada en datos, sino en opiniones de profesionales del sector de la industria musical. «El problema es que la Marca España considera América Latina como un mercado para promocionar proyectos hechos aquí, y no como un lugar donde generarlos», continuó.
Como ya hizo hace dos años en la mesa de debate organizada por APM en el marco del Primavera Pro, Maura volvió a pedir «imaginación fiscal» para evitar la dependencia de subvenciones y mecenazgos, y repitió medidas como la inclusión de una «casilla cultural» en la declaración de la renta; los préstamos participativos y la exención del IBI para espacios culturales, así como intentar ayudar a los profesionales de la cultura a tener «una relación con Hacienda más estable y ágil».
Juan José Díaz Trillo (Grupo Socialista), por su parte, puso sobre la mesa la necesidad de una «ley básica de la cultura, como las hay de educación y de sanidad». E insistió: “Nuestras infraestructuras son adecuadas pero tenemos que fomentar más la cooperación entre las distintas administraciones”.
Para Marta Rivera de la Cruz (Grupo Ciudadanos), «la colaboración público-privada es la gran asignatura pendiente de España». Recordó entonces que su partido ha registrado hace un mes una proposición de Ley de Mecenazgo que, en su opinión, involucraría tanto a las grandes empresas como a cualquier ciudadano mediante el fomento del micromecenazgo.
Emilio del Río (Grupo Popular), por último, enfatizó que “la cultura tiene que ser una política de Estado, como defensa o exteriores”. Señaló que para la cooperación ya existe AECID y dijo que el cometido de Marca España es promocionar las industrias culturales españolas en el exterior. Sin embargo, también reconoció que se puede mejorar la coordinación de las oficinas culturales de las embajadas.
