En los últmos años, los festivales han desbordado su propios límites. Registran cifras astronómicas, concentran cientos de intereses y, consiguientemente, se han convertido en el foco de todos los debates.
Cifras y credibilidad
Un primer frente abierto es la veracidad de los datos. Por ejemplo, Sant Feliu de Guíxols recibe 19,5 euros por cada euro público invertido en el festival de Porta Ferrada. Madrid, 50 por cada uno de los asignados a Mad Cool. No son datos hinchados. Son cifras avaladas por dos auditoras: Gaps y PricewaterhouseCoopers, respectivamente. El gesto de contratar un servicio como este no es baladí.
“Los eventos privados que cuentan con apoyos institucionales debemos tener la capacidad empresarial para generar una total confianza y transparencia en cada paso que damos”, afirma Javi Arnaiz, uno de los dos directores al frente de la cita madrileña. Este 2018 han dado un paso de gigante. Su presupuesto ha sido de 21,2 millones de euros, lo que supone un 126 por ciento más que en 2016; 64,6 millones de actividad económica, un 179 por ciento más que hace tres años; 240.000 asistentes, un 134 por ciento más que en su primera edición. Y así es como se han convertido en el festival con más público por día.
La credibilidad es importante cuando se manejan tales cifras. Pero todo el sector tiene que tomar nota. Los datos relativos a la cantidad de espectadores de los festivales han sido puestos en duda tanto por profesionales como por medios de comunicación. El festival Starlite en Marbella, por ejemplo, cerró su edición de 2018 con 241.000 entradas vendidas, una suma que ha levantado suspicacias. Sin embargo, desde la organización la defienden a capa y espada: para entrar en el recinto hay que comprar un ticket, y la gran mayoría lo hace motivado por la propuesta musical. La cuestión es el formato. Ubicado en la cantera de Nagüeles, Starlite ofrece desde espectáculos infantiles por la tarde hasta sesiones de dj de madrugada. Y eso durante más de cuarenta fechas. El aforo, afirman, llega a renovarse hasta tres veces con gente nueva en una jornada. Hagan las cuentas.
Propuesta artística
Las dudas son sólo un efecto colateral de la eclosión de un sector que en las dos últimas décadas no ha dejado de crecer y reinventarse. “Por lo pronto, habría que definir qué es realmente un festival y qué clase de regulación debe tener”, apuntaba en octubre de 2018 Fernando Navarro en El País.
La suya no es una opinión aislada. Por un lado, la discusión sobre qué debe ser considerado festival ha generado controversia. Incluso el anuario de SGAE incluye de forma diferenciada los datos relativos a macrofestivales, pero obvia los de formato de ciclo, como Jardins de Pedralbes, Noches del Botánico y Guitar BCN. Al frente de este último está Tito Ramoneda, presidente ejecutivo en The Project, galardonada en los últimos Premios Fest como mejor promotora de España. La compañía acaba de cumplir 30 años habiéndose especializado en este tipo de citas.
“Nuestra historia como empresa empieza en 1988 con el Festival de Jazz y al año siguiente incorporamos el Guitar BCN. Así que son nuestro principal patrimonio, pero en términos de facturación los conciertos y giras superan a los festivales”, precisa. En 2018, Guitar BCN acogía en su cartel a Benjamin Clementine, Future Islands y Wim Mertens, entre otros, en recintos como Barts y Razzmatazz. Sin duda, nombres destacados del panorama musical, pero sin ninguna relación destacada con la guitarra. “Guitar es un concepto. Probablemente sea el instrumento más universal que exista. Está presente en todos los estilos musicales y ha evolucionado tecnológicamente. El debate de si la tocan o no ya es historia. Todo el mundo ha entendido y aplaudido esa evolución de la marca. Y se trata de un festival, de eso no hay ninguna duda”, afirma Ramoneda.
Festivales y política
En 2018 los festivales empezaron a interesar incluso a nivel político: el año empezó con una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para realizar una guía online que recogiera el conjunto de la oferta en España. Según el diputado del partido naranja Félix Álvarez, la iniciativa se sustenta sobre tres puntos: dar información tanto al público como a los músicos, reconocer el trabajo hecho y reivindicar el potencial turístico de estas citas.
El interés político, sin embargo, también ha llevado al uso partidista de los festivales como arma arrojadiza. El Partido Popular (PP), por ejemplo, atacó duramente la celebración de la primera edición del Concert Music Festival de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera. La delegada municipal de Turismo del Ayuntamiento del PSOE, Ana González, les reprochó que durante “varias semanas” hubieran puesto palos en las ruedas y hubieran vendido mal lo que para ella era una “apuesta de calidad”.
González explicó en declaraciones recogidas por La Voz del Sur que el presidente del PP chiclanero y candidato a la alcaldía “se dedicó a intoxicar” con argumentos como que se celebraban macrobotellones, que la gente acampaba y que se trataba de una ratonera, algo que dañaba “al empresario que apostó por traer el festival a Chiclana”. Lo mismo, pero con los signos políticos cambiados, pasó en Galicia con el que fue uno de los grandes acontecimientos culturales del año, la primera edición de O Son do Camiño, el festival que tenía que servir como antesala del Xacobeo.
En este caso, la oposición formada por el PSdeG, BNG y En Marea fueron los que criticaron el procedimiento por el cual se adjudicaron tres millones de euros a la UTE conformada por la promotora del Resurrection Fest y Esmerarte Industrias Creativas. En Marea, de hecho, tildó de “neofraguismo” el proceder del Gobierno autonómico, mientras que los socialistas lamentaron que los beneficios se repartirían de forma inadecuada. A su vez, sin embargo, afirmaron que no dudaban “de la profesionalidad de las empresas adjudicatarias ni del interés del cartel” que pudieran presentar.
Efectivamente, el festival contó con grandes nombres internacionales, que en muchos casos visitaron Galicia por primera vez: The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand y Mando Diao, entre otros. La polémica no acabó allí. El día que salieron las entradas, lograron vender sólo en media mañana 20.000 abonos, 11.000 de ellos en los primeros 40 minutos. Los primeros en llegar los consiguieron a un precio de 39 euros más gastos. Tras unos minutos, la siguiente promoción fue diez euros más cara, y así hasta la quinta y última oferta, que fijó un precio de 79 euros más gastos.
El problema fue entonces que rápidamente los tickets pasaron a ser ofertados en las páginas de reventa, a pesar de que el propio festival había empleado sus redes sociales para advertir de que las localidades solo se podían adquirir en Ticketea. Pero el runrún ya estaba servido. Grandes cifras, interés político y reventa eran ingredientes perfectos de un cóctel explosivo para un sector con una regulación deficiente.
Festivales y consumo
Otro de los retos por abordar, otra vez por la falta de regulación propia, es una práctica que Facua ha considerado abusiva y que durante el último año ha traído cola, con la denuncia a promotoras como Live Nation Madrid, Mad Cool y Last Tour, entre otras: la prohibición de entrar comida y bebida en los festivales. Justamente, el Low Festival, como el Arenal Sound, el BBK Live y el Sónar, entre muchos otros, establecen entre sus prohibiciones acceder al interior del recinto con alimentos de fuera, a no ser que se trate de excepciones como los potitos para bebés o las comidas para personas con diabetes o celiaquía.
Para Juan Carlos Gutiérrez, director de The Music Republic, este es un asunto de “extrema gravedad”. En su opinión, Facua esgrime dos argumentos falsos. El primero, es que la actividad principal de un festival es “la realización de conciertos y no la hostelería”, algo que Gutiérrez niega de plano.
“Es un porcentaje muy importante en la cuenta de resultados. Lógicamente, una empresa puede desarrollar más de una actividad principal, pues en caso contrario habría que decidir entre la actividad musical o la restauración, impidiendo a cualquier organizador trabajar en una oferta global de servicios interconectados entre sí”, algo característico de la siempre creciente oferta festivalera. El promotor aún se defiende con dos argumentos más. En primer lugar, asegura que el festival permite al público salir y volver a entrar, de manera que no impone ni fuerza la adquisición de comida y bebida dentro del recinto; y en segundo lugar, el impacto que podría tener levantar esa prohibición ante los patrocinadores de gran consumo.
Regulación del sector
En su papel de vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Tito Ramoneda apuesta porque los festivales y el conjunto del sector del directo cuenten con una regulación propia. Lo defendió en una mesa sobre aspectos legales en BIME Pro. “La industria de la música se ha visto obligada a adaptarse hasta ahora a ámbitos que no le competían, como el
deporte, los toros y la restauración”, afirmó.
Una de las comunidades que más se ha puesto las pilas para ofrecer un marco legal específico es Valencia. En marzo de 2018 la Generalitat Valenciana aprobaba la reformulación de la Ley de Espectáculos, según la cual los festivales de música con más de 2.000 asistentes podrían tener que facilitar por ley, y en todo momento, el número real de personas que se encuentran en el interior del recinto.
Pero esta situación no sólo afecta a a los proyectos de grandes promotoras. “Cualquier cita con más de un par de artistas o grupos puede pasar por un festival, generando una realidad ficticia. Toda industria competente no se puede permitir realidades ficticias porque se cuelan con más facilidad las iniciativas mal gestionadas, que terminan por cancelarse o cometer errores fatales”, insistía en su texto en El País Fernando Navarro. Su apreciación cobra sentido si se tiene en cuenta el suceso que ensombreció la temporada de verano. En O Marisquiño, en Vigo, 467 personas resultaron heridas tras ceder la plataforma de madera del Puerto en medio de un concierto de Rels B. El juzgado de instrucción abrió inmediatamente diligencias para establecer las causas.
Festivales e intrusismo
La APM lleva denunciando desde hace tiempo el intrusismo y reclamando una Ley de la Música. Por ese contexto de desregulación a la vez que de importancia creciente de los festivales, tanto en peso económico como en impacto mediático, la APM ha recuperado su división dedicada exclusivamente a ellos.
Carol Rodríguez, vocal de la junta y al frente de Producciones Baltimore, lo explica así: “Es un proyecto que comenzó en 2014, razón por la cual entramos como empresa en APM en 2013 con Low Festival. Sin embargo, después de haberse presentado oficialmente, por diversas razones se quedó en standby”. “Al entrar a formar parte de la junta directiva en 2017 y al estar al frente de varios festivales, retomamos la iniciativa de forma natural. El objetivo es ser la plataforma oficial que dé voz al conjunto de festivales de toda España sirviendo de punto de encuentro para atender las inquietudes y peculiaridades de los mismos”.
Rodríguez considera que, teniendo en cuenta la relevancia que está teniendo el sector en España como detonante y altavoz turístico, así como de la gran cantidad de festivales que contiene la APM a día de hoy, retomar la iniciativa era solamente parte de una evolución lógica. De hecho, Producciones Baltimore es, como Bring the Noise (responsables del Resurrection Fest, Tsunami Xixón y O Son do Camiño) y The Music Republic (Arenal Sound, Viña Rock, Interestelar, etc.) entre muchas otras, una de las empresas de APM especializadas en la organización de festivales. Solo su existencia ya avala la profesionalización definitiva de una parte de la industria que cuenta con personalidad propia. Además, para Rodríguez: “Cuando te especializas en festivales, prácticamente te especializas en ser capaz de hacer de todo”.
Este texto fue publicado originalmente en el especial décimo Anuario de la música en vivo
