Artículo de Ana Eusa, Legal&Business Afairs de RLM, publicado en el ‘IV Anuario de la Música en Vivo’
Los accidentes ocurren. ES un hecho y no seré yo ni los miembros de la Asociación de Promotores Musicales quienes no asuman que la suerte juega un papel en todo evento multitudinario. Pero hay algo que no podemos asumir, y es que no se minimice este riesgo de accidentes, que no se hagan los máximos esfuerzos para evitar que la suerte corra en contra de los espectadores, de nuestro público. Un concierto es un espacio de riesgo que hay que saber gestionar. Es un lugar de encuentro, de felicidad, de emociones. Es un lugar imprevisible, para lo bueno y para lo malo.
Desde que nació la Asociación de Promotores Musicales, una de nuestras reivindicaciones fundacionales es que el sector debía profesionalizarse, debía crearse un marco regulatorio que pusiera barreras de entrada en un mercado como el español en el que cualquiera, sin experiencia o formación, se atreve a organizar un concierto o un festival. El promotor de un concierto, huelga decirlo, siempre será el máximo responsable de lo que ocurra en ese concierto. Y así debe seguir siendo. El promotor arriesga para lo bueno y para lo malo, y sobre él deben recaer las consecuencias, positivas o negativas, del evento que ha organizado.
El problema que tenemos en España, y ahí es donde se maximiza el riesgo, es que la definición de promotor musicales es una nebulosa. El promotor en España se nombra a sí mismo. No hay nadie, ninguna formación o ningún aval público que asegure que esa persona que entra en este mercado tenga la capacitación para hacerlo, para hacerse responsable de la seguridad y la comodidad de los espectadores a los que acoge en su concierto. En España cualquiera, y digo cualquiera, puede montar un concierto. ¿Consecuencias? Que el profesionalismo de parte del sector, que el rigor que exigimos en APM en el cumplimiento de los riesgos laborales, de los pagos fiscales, de los estándares de calidad…no se traslada a toda la industria, plagada de promotores pirata que solo buscan maximizar su beneficio aun en detrimento de la comodidad y la seguridad de su público. Esta realidad minoritaria embrutece la imagen del conjunto, y desde APM seguimos reclamando que se establezca un mecanismo de control que institucionalice la figura del promotor. Pedimos un modelo parecido al francés, en el que una autoridad gestiona las licencias para organizar conciertos, de modo que solo los promotores profesionales, garantes de la seguridad de su público, están legalmente capacitados para organizar un concierto.
Tenemos que estar regulados de modo que el intruso no tenga acceso. Tenemos que barrar el paso al promotor intruso, al promotor que no se rige por criterios profesionales, al promotor que no cumple la ley porque, de otro modo, solo nos queda lamentarnos de los accidentes, en lugar de prevenirlos.
