Tras trece años de contencioso, la Asociación de Promotores Musicales (APM) celebra la sentencia de la Audiencia Nacional contra la SGAE, al confirmar los abusos por los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) condenó la entidad a pagar una multa de 3,1 millones de euros y a modificar sus acciones abusivas, dada su posición de monopolio, entre las que estaba el cobro del 10% en concepto de cuotas de autor en los espectáculos de música en vivo.
El presidente de APM, Albert Salmerón, considera que la sentencia vuelve a poner en evidencia el “exceso” que supone la tarifa. “En los países anglosajones, de donde procede la mayor parte de la música extranjera que se interpreta en conciertos en España, el canon de autores va desde un mínimo del 0,15% de Estados Unidos al 3% del Reino Unido. Pero, por la misma licencia para un concierto en España, a ese mismo autor americano o británico, los españoles le pagábamos un 10% de la taquilla, y actualmente un 8,5% con la nueva tarifa provisional provocada por la resolución de la CNMC”.
El abogado de APM, Gabriel Rossy, destaca que “la sentencia reconoce expresamente que la tarifa que aplica la entidad del Reino Unido merece especial atención, por encima de las de los demás países de la Unión Europea, por ser la principal destinataria de pagos por conciertos celebrados en España”.
“En lo que cobra particular relevancia la proporción, precisada por la CNMC y a la que nos hemos referido antes, del porcentaje que, del total de ingresos distribuidos por la SGAE a sociedades extranjeras, suponen las sociedades de gestión norteamericanas y la del Reino Unido, cuyos tarifas son, como vimos, muy inferiores”, señala la sentencia.
A pesar de la resolución favorable, Rossy advierte de que aún no es el punto y final de este litigio, iniciado en 2005: “Lo más probable es que SGAE interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, quien ya se pronunció en 2012 al confirmar la sentencia a favor de APM que había dictado la Audiencia Nacional en 2009.
Además, continúa Rossy, “esta sentencia es más profunda y elaborada que la que dictada entonces”. “Nosotros seguiremos en conversaciones para establecer una tarifa justa para todas las partes y conforme a los criterios marcados por la Audiencia Nacional y la CNMC”, añade Salmerón.
