Profesionales de la seguridad pública y privada, criminólogos, técnicos y otros expertos se reunieron con motivo de la primera edición de las jornadas sobre seguridad en eventos musicales y deportivos. Las jornadas tuvieron lugar la semana pasada en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y su gran acogida «demuestra la necesidad de compartir experiencias y buenas prácticas con el objetivo de conseguir eventos cada vez más seguros», en palabras de Anna Almécija, coordinadora del acto.
En varias charlas se manifestó la urgencia de una regulación específica para los grandes festivales, aunque en este tipo de eventos hay que trabajar para compatibilizar la seguridad con la experiencia de ocio que busca el usuario. También se insistió en la necesidad de ser rigurosos con la normativa para garantizar la seguridad de los asistentes y trabajadores, así como de diseñar procedimientos de buenas prácticas en eventos multitudinarios para aplicar allí donde la ley no llega, tal y como informa Cuadernos de Seguridad.
Violencia sexual en festivales, el reto de la seguridad
Anna Almécija, que unos días antes había debatido en el BIME Pro, también participó en una mesa redonda en estas jornadas sobre seguridad, en este caso junto a la criminóloga Ariadna Trespaderne, la product manager de Live Nation Madrid Ana Gómez de Castro, la directora del departamento de información y atención a la mujer del Ajuntament de Barcelona Bàrbara Melenchón y la asesora del área de políticas de género del Ayuntamiento de Madrid Nieves Salobral; cuya moderación corrió a cargo del director de seguridad y emergencias Madrid Destino Raúl Valera Tena.
La temática era la misma: violencia sexual en los festivales de música. Se requiere que se implante una formación obligatoria para los profesionales de seguridad, tanto pública como privada, así como una integración de esta problemática dentro de la planificación general de la seguridad del evento, por lo que se deben crear protocolos específicos para cada casuística y, por supuesto, contar con mujeres para elaborar dichos protocolos. Una vez allí, la atención a las personas afectadas debe ser realizada por profesionales con una formación adecuada para saber qué decir, cómo tratar y dónde dirigir a esa persona que acaba de sufrir acoso, abuso, agresión o que viene al punto lila a buscar información o a explicar experiencias pasadas o presentes al margen del evento del que se trate. «Este tema no puede dejarse en manos de voluntarios sin formación alguna«, sentencia Almécija.
