Una coalición de autores, intérpretes y titulares de derechos procedentes de los sectores culturales y creativos de la Unión Europea ha emitido una declaración conjunta de rechazo al tercer borrador del Código de Buenas Prácticas de proveedores de IA generativa de propósito general, desarrollado en el marco de la Ley sobre la Inteligencia Artificial (IA) de la UE.
Uno de los objetivos clave de esta legislación es dotar a los y las autoras, artistas, intérpretes de obras de arte y otros titulares de derechos de herramientas para ejercitar y hacer valer sus derechos, exigiendo a los proveedores de IA de Uso General (IAUG) que implementen medidas para cumplir la legislación de la UE en materia de derechos de autor y proporcionar un resumen suficientemente detallado del contenido introducido y utilizado para el entrenamiento. El propio legislador europeo reconoció estas medidas como fundamentales para garantizar un desarrollo ético de la IA en Europa, en equilibrio con la protección de los sectores culturales, que sostienen buena parte del tejido económico y simbólico de la UE.
Sin embargo, este tercer borrador no garantiza la protección efectiva de los derechos de autor ni de la propiedad intelectual. A juicio de las organizaciones firmantes, el texto rebaja peligrosamente las obligaciones legales impuestas por la propia Ley sobre la IA, estableciendo un marco ambiguo que otorga a los proveedores de IA generativa una preocupante laxitud.En lugar de establecer una base jurídica firme, el borrador propone que los proveedores hagan simplemente “esfuerzos razonables” para cumplir con la legislación sobre propiedad intelectual. Una fórmula considerada insuficiente, ambigua y carente de mecanismos reales de exigibilidad.
«La intención de la Ley de IA de la UE era hacer posible el desarrollo de una IA responsable y garantizar que los sectores culturales y creativos puedan continuar creciendo en todos los territorios europeos. Absolutamente en contra de esto, el tercer borrador del Código de buenas prácticas de la IAUG establece una norma de implementación que socava los objetivos de la Ley de IA, contraviene el derecho de la UE e ignora la intención del legislador de la UE».
