«Un músico es una clase de imbécil que carga en una furgoneta un equipo de 5.000 euros que le ha costado toda la vida pagar, recorre 600 kilómetros de ida hasta Santiago de Compostela para cobrar 150 euros y a la mañana siguiente vuelve a conducir otras seis horas hasta casa sin estar asegurado». Así se expresaba Julian Maeso, ex miembro del Sunday Drivers, en declaraciones a La Razón.
Su comentario refleja la situación de los miles de españoles vinculados al ámbito cultural que viven en precariedad laboral. Según el Estudio y diagnóstico sobre la situación sociolaboral de actores y bailarines en España, solo el 8% de actores y bailarines puede vivir de su profesión y más de la mitad (el 53%) no supera los 3.000 euros anuales.
El tema ha abierto el debate sobre la necesidad de la creación de un Estatuto del Artista, como el que lleva años funcionando en Francia y del que se ha empezado a hablar en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. La cuestión será el punto central del Encuentro Jurídico del Bime Pro, que tendrá lugar el 27 de octubre en Bilbao. La organización ha logrado reunir a letrados de prestigio y representantes políticos con el objetivo de abordar los derechos laborales de los creadores, técnicos e intérpretes involucrados en el mundo del espectáculo.
Dos de los ponentes están directamente implicados en el proceso de creación del Estatuto: Marta María Rivera de la Cruz, diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura y Eduardo Maura, diputado de Podemos. Según Rivera, hay que sentir respeto por la cultura como un sector que mueve dinero y crea empleo de calidad, pero debido a la situación de precariedad actual no se sabe con exactitud a cuántas personas incumbe. Instituciones como el CoNCA, la Unión de Actores y Actrices y la Fundación SGAE se han sumado al debate.
Modelo fiscal ajustado
En las propuestas expuestas se aborda el tema de un nuevo o mejorado modelo fiscal que se ajuste a la actividad intermitente y a los ingresos irregulares del sector artístico. Todos coinciden en apuntar que la bajada del IVA cultural beneficia al sector y es un paso más para incentivar la creación de proyectos, pero también añaden que es necesaria una política fiscal que se adecue a las exigencias del modelo laboral de los tiempos actuales.
La Unión de Actores y Actrices afirma que es indispensable una reducción y simplificación de las obligaciones tributarias. Sostienen que, por culpa de la situación de precariedad, un artista no puede permitirse contratar a un profesional para que le ayude a hacer frente a sus obligaciones fiscales, por lo que una simplificación de las obligaciones promovería una mayor participación.
El CoNCA afirma que si el destinatario de la factura no pagara el IVA al artista, sino que lo ingresara directamente, supondría una simplificación considerable en las obligaciones fiscales del creador. Esta medida facilitaría las obligaciones y evitaría el fraude, defienden. Del mismo modo, la Fundación SGAE propone un modelo que permita planificar el sistema de pagos en función de los cobros producidos, contemplando dos casos posibles: tanto por encargos que se puedan prolongar en el tiempo como por servicios de corta duración.
La Unión de Actores y Actrices, el CoNCA y la SGAE recalcan la necesidad de una forma de pago que se adecue al modelo de ingreso intermitente que tienen los trabajadores del sector
Otra propuesta aborda la posibilidad de aumentar los gastos deducibles de impuestos que puedan ser derivados de la actividad de formación, desplazamiento, dietas, consumo de suministros, estudios, etc., lo que consideran que supondría un apoyo considerable. Se brindaría, por ejemplo, la posibilidad deducir el gasto de la inversión en la adquisición de instrumentos musicales.
Las nuevas tecnologías han afectado la manera en que los trabajadores se relacionan laboralmente: mientras que han aumentado las actividades por cuenta propia, han aumentado los riesgos para los trabajadores. Por eso la Unión de Actores y Actrices agrega tres propuestas para favorecer la creación de proyectos mediante algunos beneficios como la bonificación del proceso creativo, favorecer los espectáculos emergentes y una mayor protección de la cultura por parte de la administración. Además, el CoNCA propone una subvención a las empresas culturales que cumplan con su código de buenas prácticas.
Derecho a la representación sindical
Según el CoNCA, es indispensable la elaboración de un censo de profesionales adscritos a los diferentes ámbitos culturales para conocer la realidad del sector, favorecer la representación de la comunidad, defender la condición laboral y concretar el impacto de las propuestas artísticas y políticas culturales que se puedan implementar. Debido a las múltiples problemáticas, la institución defiende que deberían haber sindicatos que abarquen la totalidad del sector, lo que facilitaría un diálogo con las empresas y el establecimiento de convenios colectivos.
Protección social del artista
Algo que destacan todas las voces del debate es que el 100% de los contratos son temporales, los ingresos derivados son intermitentes y fluctuantes y su desarrollo se caracteriza por una movilidad geográfica absoluta en el caso de los intérpretes, la cual aumenta la precariedad en la vida de los trabajadores del sector.
Por eso, proponen un modelo en el que se contabilicen las horas extra y la formación como empleo efectivo, y que a la vez, se establezcan un límite en un convenio colectivo (por ejemplo, que una sesión de rodaje dure 8 horas). Así, pretenden tener acceso a una protección por maternidad, pensión por jubilación regulada por la Tesorería General de la Seguridad Social y que permita el envejecimiento activo.
El subcomisión de Cultura para el Estatuto del Artista tiene hasta principios de 2018 para presentar una solución a la precariedad laboral de los trabajadores del sector, pero se prevé un debate intenso en el Congreso, ya que las propuestas afectan a dos carteras ministeriales: Cultura y Hacienda.
