Los festivales piden al Gobierno flexibilizar la devolución de las entradas como otros países europeos

La cancelación masiva de eventos es una de las grandes preocupaciones del sector. Asimismo, la incertidumbre con la gestión de la devolución de entradas, mantener los derechos del consumidor y la supervivencia de las empresas del sector. En este contexto, la Asociación de Festivales Musicales (FMA) ha instado a los Ministerios de Cultura y de Consumo a actuar urgentemente y revisar las normas actuales para adoptar medidas similares a las que ya han sido aplicadas en las últimas semanas por varios países europeos.

Las opciones disponibles se ampliarían de tal forma que el público podría decidir o bien mantener su entrada para la nueva fecha de celebración del evento, o bien disfrutar en algún momento posterior canjeándolo por otro espectáculo o festival cuando sea posible mediante la creación de un vale canjeable (voucher). Cuando ninguna se las dos opciones sea posible, el consumidor siempre podrá reclamar la devolución del importe pagado y que ésta sea ejecutable en un periodo de hasta 18 meses a partir del anuncio de la cancelación.

«Si no se toman las medidas adecuadas, nuestros festivales se quedarán en una clara inferioridad respecto del resto de festivales europeos y España podría convertirse en el primer país sin festivales», asegura FMA en su comunicado. Además, anticipa que «la suspensión masiva de festivales y espectáculos musicales para la temporada de verano 2020 y pone en riesgo el resto del año ante la imposibilidad de reprogramar todos los eventos«.

La propuesta se asemeja a las medidas urgentes y específicas que reclama Es_Música al Gobierno. Por parte de FMA, ponen de relieve las experiencias de países como Alemania (sistema de voucher, es decir, un sistema de vales canjeables), Países Bajos (plan de tarifas de entradas para la crisis y la campaña pública de concienciación “Save Your Tickets Enjoy Later”), Italia (flexibilización de la devolución) o Portugal (devolución flexible y sistema de bonos).

Estas iniciativas, ya implementadas, tienen como objetivo proteger al consumidor y permiten que éste siga disfrutando de sus derechos de manera postergada en caso de cancelación. Son medidas que no necesitan de fondos públicos y permiten a los promotores absorber el gran golpe económico que les está suponiendo esta crisis sanitaria.