Aunque la piratería digital ha experimentado en España un ligero descenso en cifras absolutas, aumenta en sectores como el de la música y los libros. Durante 2016, concretamente, se accedió ilícitamente a 1.661 millones de contenidos musicales, con un valor de mercado de 5.767 millones de euros. Aumenta así el número de este tipo de consumidores, pasando del 21 % en 2015 a más del 26 % en 2016. El 48% de los accesos correspondieron a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su lanzamiento comercial (51 % en 2015).
Estos son algunos de los principales datos sobre música que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2016, elaborado por la consultora independiente GfK y presentado este martes por la Coalición de creadores e industrias de contenidos y LaLiga. “La situación demuestra que las medidas legislativas tienen una incidencia positiva pero los resultados de su aplicación siguen siendo insuficientes», señala Carlota Navarrete, directora de la Coalición.
Los porcentajes de individuos que realizan accesos ilícitos según tipo de contenido son: películas (32 %), series (27 %), música (26 %), libros (22 %), videojuegos (12 %) y fútbol (10 %) y supone un total de 1.783 millones de euros de lucro cesante. Respecto a la forma de acceso a los contenidos ilegales se mantiene el peso de los buscadores, con un 78 %, siendo Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas.
Más de un 67 % de las webs desde las que se accedió a contenidos ilegales están financiadas por publicidad. De dicha publicidad, el 69 % corresponde a sitios de apuestas y juego online, el 52 % a sitios de contactos y el 39 % a contenidos para adultos. Llama especialmente la atención que más de un tercio de la publicidad en los sitios piratas (37,6 %) corresponde a productos de consumo de marcas de prestigio de alimentación, moda, seguros, telefonía, etc., lo que confirma la urgente necesidad de una mayor colaboración entre industria y anunciantes para mejorar el ecosistema de la publicidad online.
En cualquier caso, las fuentes de ingresos de estos sitios son variadas, destacando especialmente que más de un tercio de los consumidores (33,8 %) tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, que los piratas recopilan en bases de datos que se usan en campañas de emailing comercial y alcanzan precios muy elevados en el mercado. También, mediante cookies, consiguen datos con mucho más valor del que se puede suponer a priori y que les permite obtener importantes beneficios económicos, como por ejemplo los hábitos de navegación en la web, las preferencias, las cosas que gustan al usuario, información sobre qué compra, etc.
Asimismo, los medios de pago juegan un papel importante en el funcionamiento de los sitios piratas, especialmente en los casos en que estos sitios comercializan cuentas premium, reciben donaciones o sistematizan el envío de mensajes de móvil al usuario registrado para informarle de la existencia de nuevos contenidos en la web. Aquellos que han pagado alguna vez por el contenido que ha descargado de estas páginas alcanza ya el 11 % (fue el 9 % en 2015 y era solo el 5 % en 2014).
Mientras que siete de cada diez consumidores recuerdan campañas de comunicación contra la violencia de género y más de seis de cada diez sobre seguridad vial, apenas dos de cada diez recuerdan campañas contra la piratería digital, con un descenso significativo del conocimiento de las mismas del 27 al 23 %, pasando de la quinta a la sexta posición en porcentaje de conocimiento desde 2014, y quedando por detrás de las campañas contra el excesivo consumo de alcohol o contra el fraude fiscal.
La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras aún más preocupantes para los creadores y las industrias de contenidos. En un sector que emplea actualmente a 65.926 trabajadores directos, un escenario sin piratería podría permitir crear 21.697 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 33 %, y unos ciento diez mil empleos indirectos más.
Las arcas públicas podrían estar dejando de percibir por culpa de la piratería casi 361 millones de euros en concepto de IVA, así como 166 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y 49 millones de euros en IRPF. Es decir, el Estado podría haber ingresado en 2016 un total de 576 millones de euros más de no ser por los accesos ilegales a contenidos, sumando un acumulado desde 2012 de 2.772 millones de euros.
Las medidas más eficaces contra la piratería a juicio de los propios internautas serían bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (68 %) y sancionar a los proveedores de internet (61 %). Después de esas dos, según los consumidores, las mejores medidas para reducir las infracciones serían sancionar a los usuarios infractores con multas (53 %) y desarrollar campañas de concienciación social contra la piratería (52 %).
