Artistas, autores, editores y productores audiovisuales de España, a través de la Asociación para el desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por «mantener» el actual modelo de copia privada, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y anulado por el Tribunal Supremo de España, y han reclamado una mayor «coordinación interministerial» para «reformar» en la forma y plazo que exige la Comisión Europea.
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A la vez, para el investigador y agitador cultural Jaron Rowan, en el Plan 2020 presentado por el Ministerio de Cultura abundan las medidas destinadas a fomentar las industrias culturales y reforzar la ley de propiedad intelectual. Apunta que son 150 medidas, pero todas enunciadas de forma genérica y sin concreción. No hay fechas, no hay cifras de partidas asignadas y muchas de las demandas ciudadanas en torno a la cultura están ausentes.
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Donde sí se mueven cosas en la noche valenciana y esta vez no es ni una escena musical ni un movimiento de clubbing. Desde principios de año, un buen número de locales de ocio han recibido inspecciones por parte del Servicio de Espectáculos de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana, la conocida como Policía Autonómica. El objeto de todas estas visitas estaba relacionado con sus licencias de actividad. Las organizaciones hosteleras exigen que se cumpla la legislación vigente.
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La relación con la hostelería no siempre es todo lo agradable que debería ser. Del 5 al 8 de julio, Viveiro volverá a ser el escenario del Resurrection Fest, ya consolidado como un referente mundial. Cada año atrae a miles de personas, pero la organización del festival advierte que «el alojamiento a precios desorbitados es uno de los mayores problemas» a los que se enfrentan, porque las tarifas en «hoteles y pisos particulares llegan a superar en 10 veces el precio habitual», lo que consideran «un abuso». Citan el refrán «la avaricia rompe el saco».
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