La web de reventa de entradas Viagogo, acusada de estafa por varias organizaciones y empresas deportivas y musicales, ha perdido este viernes una ronda ante la justicia francesa.
El Consejo Constitucional, tribunal encargado de defender la constitucionalidad de la las leyes en el país, ha respondido a una pregunta (QPC) que buscaba cuestionar la legislación vigente, explícitamente contraria a la reventa y al mercado secundario.
Actualmente, el Código Penal castiga con multas de hasta 30.000 euros la venta de entradas sin autorización del organizador.
Las QPC, preguntas prioritarias de constitucionalidad, fueron introducidas por Sarkozy en 2008 como un mecanismo que permitía poner en duda aquella legislación que supusiera un perjuicio para un sector o un grupo de personas en particular.
En esta ocasión, la pregunta fue emitida por Viagogo, pero estaba respaldada por Ticketibis, propiedad de eBay / StubHub. Su argumento principal era la “violación desproporcionada de la libertad empresarial”.
El Consejo Constitucional, por su parte, ha dictaminado que tiene que ser posible combatir el “amento artificial del precio de las entradas”, y recuerda que la reventa solo está prohibida si se lleva a cabo sin autorización del organizador.
El cerco se estrecha cada vez más alrededor de Viagogo. Con sede en Suiza desde 2012 y registrada en Delaware, un paraíso fiscal, la compañía está siendo procesada en varios países a la vez. Pero el problema es cómo aplicar esas sanciones.
El presidente de la Federación Francesa de Tenis, Jean-François Vilotte, lo explicaba así a AFP: «Estas empresas incluyen las posibles sanciones en su plan de negocios y luego hacen todo lo posible para que su aplicación sea extremadamente difícil al establecerse en países donde son difíciles de alcanzar”.
